La Comisión de Alto Nivel Anticorrupción es un organismo peruano. Se creó por decreto supremo en enero de 2010,[1][2][3] y se oficializó en 2013, durante el gobierno de Ollanta Humala, por ley 29976 y sus reglamentos.[4][5]
Se basan en una serie de políticas prevención y lucha contra la corrupción en el Perú,[3] este organismo sucede a la efímera Oficina Nacional Anticorrupción de 2008.[1] Este se rige en un Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción, actualizado cada cuatro años,[2][6] y una serie de planes realizadas en cada sesión. En 2011 anunciaron su red de monitorización de funcionarios.[7] En 2013 (sesión 17) cuenta con una agenda nacional de tolerancia cero a partir de la toma de decisiones en el sistema administrativo e incentivos como la certificación de entidades con buenas prácticas.[8] Desde 2014, en cumplimiento del artículo 9 de la ley 29976, cuenta con Comisiones Regionales Anticorrupción para la fiscalización descentralizada en el país.[9]
Inicialmente se basó en una iniciativa del coordinador de la entonces Comisión Nacional Anticorrupción Genaro Matute.[10] Sus roles son ad honorem,[11] en que cada año se elige a un presidente de la comisión.[2] Con la formación en 2010, su primera coordinadora fue Susana Silva.[6]
Está conformada por los máximos representantes del Poder Judicial, Tribunal Constitucional y Consejo Nacional de la Magistratura junto al Fiscal de la Nación y el Defensor del Pueblo, además de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, el Ministerio de Educación (como observador desde 2018),[12] la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (como observador), entre otros.[2][11] También participan instituciones públicas, privadas y religiosas en las iniciativas de la comisión.[6] Aunque cuenta con poderes ejecutivos y judiciales, no contó previamente con el legislativo, al no incluir el Congreso de la República en la comisión.[13]
Véase también
Referencias