El 5 de junio de 1993 el Congreso eligió a Velásquez, de 76 años,[3] como presidente constitucional. Los partidos tradicionales Acción Democrática y COPEI decidieron apoyar a Velásquez, aunque sin aportar militantes suyos para integrar el gabinete ministerial, por lo cual quedó integrado por personajes independientes.[1]
Velásquez asumió como política central de su gobierno un proyecto de descentralización de la nación,[1] para lo cual creó el Fondo Intergubernamental para la Descentralización.[3]
En 1993 Velásquez creó el Ministerio de Estado para la Descentralización.[4]
Velásquez le demandó al Congreso Nacional el otorgamiento de una Ley Habilitante[3] con la que promulgar sus decretos-leyes en el marco de la compleja situación económica y política que se estaba viviendo, la cual fue aprobada y concedida el 23 de agosto de 1993, siendo clave para el accionar gubernamental.[1]
En octubre de 1993 el gobierno de Velásquez estuvo vinculado al escándalo político del caso del narcoindulto, en el cual el presidente encargado indultó al narcotraficante encarcelado Larry Tovar Acuña, representante del cartel de Medellín en Venezuela.[5][6] Velásquez declaró posteriormente ante la justicia que firmó el documento sin leerlo y fue exculpado en 1995 por dicho asunto, siendo hallada culpable su secretaria privada María Auxiliadora Jara de Tarazona. El tribunal encargado del caso declaró:
«Queda demostrado que Jara se valió de astucia para sorprender la buena fe del presidente, quien otorgó la gracia indebidamente sustanciada, y el error, el engaño, excluyen el pacto corrupto».
Jara fue condenada a tres años de cárcel y a Larry Tovar Acuña, quien había escapado a Colombia, le fue ordenada una orden de extradición.[6]
El ministro de Defensa Radamés Muñoz León, en compañía de algunos de sus colaboradores militares y civiles, se trasladó en un avión privado a Washington D. C. e intentó obtener el visto bueno del Departamento de Estado y el de Defensa para deponer el gobierno de transición de Velásquez, impedir las elecciones e instalar un régimen autoritario.[7] Velásquez trató durante la mayor parte de su presidencia de reemplazar a Muñoz y a todos los miembros de la cúpula castrense, hasta que se hizo por decisión del recién electo presidente Rafael Caldera.[8]
Entre sus medidas gubernamentales estuvo la implantación del Impuesto al valor agregado, la reestructuración del impuesto sobre la renta, la Ley de Impuestos a los Activos Empresariales[3] y la Ley de Protección al Consumidor sobre encomienda a los gobernadores y alcaldes respecto a las atribuciones de fiscalización y control de precios.[5]
Después de que el Banco Latino se quedara sin liquidez, uno de los mayores de Venezuela para aquel entonces, el gobierno de Velásquez lo intervino, nombrando una nueva directiva para este,[9] lo que generó pánico y una retirada masiva de capitales de la banca.[9] El Ministerio de la Defensa le había confiado la mayoría de sus fondos al Banco Latino y experimentó problemas para pagar la nómina de sus empleados.[9]
En noviembre de 1993 se suspendió el programa de privatizaciones iniciado por el gobierno anterior, con la intención de que terminara de definirse después de las elecciones de diciembre de ese año. Debido a esto, se congeló la venta de la línea aérea Aeropostal, un autódromo, dos compañías de electricidad, un hotel y un molino azucarero.[10]
Las cifras oficiales arrojaron la muerte de 42 personas, 14 personas lesionadas, daños a gran cantidad de vehículos que circulaban para el momento del hecho por la citada arteria vial, los cuales ascendían, para la fecha, a la cantidad de setenta y tres millones setecientos mil bolívares.[11]
↑Sentencia N° 159 del 14 de mayo de 2004, caso: Rafael Cumache Reyes. Sentencia N° 811 del 11 de mayo de 2005, caso: Henry Prada Gómez y Rafael Reyes Cumache. - Tribunal Supremo de Justicia.