La Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas (LGDLPI) (en maya: Noj A'almaj T'aanil u Páajtalil u T'a'anal Máasewal T'aano'ob)[1] se publicó el 13 de marzo del 2003 durante la gestión del presidente Vicente Fox Quesada.[2] Se trata de un elemento jurídico que contempla el reconocimiento de los derechos individuales y colectivos de los integrantes de las sesenta y ocho agru.paciones lingüísticas de México y que, a su vez, está fundamentada en la Declaración Universal de Derechos Lingüísticos.
Tiene como antecedente la reforma del 2001 al Artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.[3]
En su Artículo 4°, esta ley reconoce a las lenguas indígenas como lenguas nacionales con la misma validez que el español:
Las lenguas indígenas que se reconozcan en los términos de la presente ley y el español son lenguas nacionales por su origen histórico y tendrán la misma validez, garantizando en todo momento los derechos humanos a la no discriminación y acceso a la justicia de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales en la materia de los que el Estado Mexicano sea parte.[4]
Además, esta ley mandata la creación del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas en su Artículo 14, donde especifica las características y atribuciones del mismo, así como su principal objetivo: "promover el fortalecimiento, preservación y desarrollo de las lenguas indígenas que se hablan en el territorio nacional".[5]
La LGDLPI tiene además el objetivo del respeto a los derechos lingüísticos y de colocarlos en un nivel transversal respecto a todos los órdenes de gobierno y en todos los ámbitos de la sociedad mexicana, en equidad de condiciones para su uso.[cita requerida]
Referencias
Bibliografía
Enlaces externos