• Ministerio de Universidades e Investigación (1979-1981) • Ministerio de Ciencia y Tecnología (2000-2004) • Ministerio de Ciencia e Innovación (2008-2011) • Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (2018-2020) • Ministerio de Ciencia e Innovación (2020-2023) • Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (2023-)
A diferencia de otras materias como la educación o la salud, en España la Administración Central y las comunidades autónomas tienen competencias compartidas en el fomento de la investigación científica y técnica, siendo el Estado el encargado de la coordinación general en esta materia.[4] En este sentido, el Tribunal Constitucional ha reiterado su doctrina en relación con la coordinación estatal negando que esta pueda llegar a tal grado de concreción y desarrollo que deje vacías de contenido a las competencias de las regiones españolas, debiendo garantizarse un equilibrio competencial.[4] Esta coordinación se hace a través del Consejo de Política Científica, Tecnológica y de Innovación (CPCTI).[5]
Este ministerio, que ha existido de forma independiente en cuatro etapas de la historia de España, se creó por primera vez en 1979, junto con el Ministerio de Política Territorial. En cuanto a su sede, esta se halla en el número 162 del paseo de la Castellana, aunque no siempre fue así, puesto que en el pasado se ha establecido en otros lugares, pero siempre en la ciudad de Madrid.
Históricamente, las competencias culturales y científicas fueron ejercidas directamente por distintos monarcas españoles, tanto mediante encargos privados como con la creación de instituciones científico-culturales como las Reales Academias, pero, con el paso del tiempo, fueron delegando en los distintos departamentos administrativos que, desde el siglo xviii, crearon para gestionar una acción política cada vez más compleja. Así, desde principios de este siglo fueron las Secretarías de Estado y del Despacho las que asumieron estas competencias, primero la de Justicia y luego la de Gobernación.
Con la creación del Ministerio de Fomento en 1847, se agrupan estas responsabilidades en este nuevo departamento, estrechamente ligadas a todo lo relativo a la educación, motivo por el cual, tanto en el proyecto de Ministerio de Instrucción Pública de 1886[6] como en la definitiva creación de este Ministerio en 1900,[7] estas competencias conformaron el origen del nuevo departamento.
La evolución de la ciencia en la Administración
Durante todo el siglo xx, fue el Ministerio de Educación el que asumió las competencias de ámbito científico. Al principio, estas responsabilidades recaían sobre la Subsecretaría, a través de secciones como las de Universidades e Institutos, y de Bellas Artes.[8] Con el paso del tiempo el nivel de los órganos fue en aumento, con el establecimiento de algunos nuevos como la Dirección General de Bellas Artes en 1915, y se crearon los primeros organismos para el fomento de la investigación científica, como fue el caso de la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas (JAE) en 1907.
Siguiendo con esta tendencia, la importancia de la ciencia fue tal que en 1966 el propio Ministerio de Educación se renombró como Ministerio de Educación y Ciencia,[10] ejecutando las políticas científicas con órganos administrativos de mayor especialización, como la Dirección General de Enseñanza Superior e Investigación[11] (posteriormente llamada Dirección General de Universidades e Investigación).[12] En el tramo final de esta etapa, esta dirección general se centró únicamente en la educación superior y, en 1976, se creó una dirección general independiente para la ciencia, la Dirección General de Política Científica.[13]
Preguntados los cuatro rectores de las universidades madrileñas por la supresión del ministerio, se encontraron opiniones dispares. Para Francisco Bustelo (UCM) fue un retroceso, para Rafael Portaencasa (UPM) y Tomás Ramón Fernández (UNED) no supuso mayor problema, así como Pedro Martínez Montávez (UAM) no entró a valorarlo por considerar que el ministerio no tuvo tiempo para desarrollar sus políticas.[22] Los cuatro sí estuvieron de acuerdo en la importancia de que no se alterase el presupuesto ni la influencia que pudiera llegar a tener la restablecida Secretaría de Estado de Universidades e Investigación.[22]
Transición y consolidación de la democracia
Felipe González y José María Maravall durante la presentación del Plan Nacional de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico. Año 1988.
Durante el interregno que siguió a la eliminación del ministerio y, tras la crítica de prestigiosos científicos españoles como el Premio NobelSevero Ochoa debido a la pasividad de las instituciones españolas en relación con la ciencia,[23] se aprobó la primera ley de ciencia, la Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica, que marcó el establecimiento de manera regular de una política científica y tecnológica en España.[24] Gracias a esta ley, España pasó de un 0,3 % de aportación al conocimiento científico mundial en 1981 a un 3,1 % en 2003.[24] Asimismo, esta ley reformó la Junta de Energía Nuclear, mermada de competencias desde 1980, configurándola como un organismo de investigación científica y tecnológica en el ámbito de la energía y la renombró como Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT).[25] En paralelo, se crea el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), por aquel entonces dependiente del Ministerio de Sanidad y Consumo.[26]
Videoconferencia del presidente del Gobierno, José María Aznar, y el ministro de Ciencia, Juan Costa, con el astronauta Pedro Duque, futuro ministro de Ciencia. Año 2003.
Tras casi dos décadas en Educación, en el año 2000 el presidente del Gobierno, José María Aznar, creó el Ministerio de Ciencia y Tecnología (MCyT) que agrupaba las competencias sobre investigación científica del Ministerio de Educación, y las competencias sobre desarrollo tecnológico del Ministerio de Industria y Energía, incluyendo las telecomunicaciones, reteniendo el entonces Ministerio de Educación, Cultura y Deporte las competencias universitarias.[27] Este organismo fue definido por la ministra Anna Birulés como un departamento que tenía «el reto pero también la oportunidad de convertir en realidad, en el horizonte temporal de esta legislatura, el proceso decidido de impulso de la cultura de la innovación en nuestro país».[28]
Esta etapa no tuvo muchas novedades de ámbito científico, pero sí dentro del ámbito tecnológico, pues gracias al impulso de la nueva Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información se creó el Plan de Acción «Info XXI» en el año 2001, y se aprobaron las primeras leyes de Internet: Ley de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico (2002), Ley General de Telecomunicaciones (2003) y Ley de firma electrónica (2003).[29] También, se puso en marcha la Entidad Pública Empresarial Red.es.
Como empezaba a ser costumbre, el cambio de gobierno supuso una nueva disolución para el departamento ministerial y otra reintegración en el Ministerio de Educación. Sin embargo, en su segundo mandato, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, volvió a otorgar rango ministerial a las competencias científicas con el Ministerio de Ciencia e Innovación, con el objetivo, tal y como explicó la ministra Cristina Garmendia, de «estar menos pendientes de la construcción y más pendientes de servicios del conocimiento, invertir más en ciencia y tecnología, ayudar a las empresas a innovar y coordinar universidades y centros de investigación».[30] En 2009 perdió las competencias universitarias, que volvieron a Educación.
En 2018, el nuevo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recogió el guante de la comunidad científica[34] y restableció el departamento con competencias científicas y universitarias, nombrando como titular al astronautaPedro Duque.[35][36] A consecuencia de la influencia de este ministro, se estableció expresamente que el departamento tendría competencias en materia espacial.[37] Por otro lado, aunque al principio Duque lo descartó, la nueva ministra de Ciencia, Diana Morant, anunció en 2021 que impulsaría la creación de una Agencia Espacial Española (AEE),[38] ya que estas responsabilidades se encontraban dispersas por diversos organismos de la Administración, como el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) o el Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI). La nueva Ley de Ciencia de 2022 así le previó[39] y, finalmente, el Consejo de Ministros aprobó este nuevo organismo en marzo de 2023,[40] que asumió directamente este ámbito competencial.
En esta fase cabe destacar, como se ha mencionado, la reforma en 2022 de la Ley de Ciencia de 2011 y la pérdida en 2020 de las competencias universitarias, que se transfirieron al nuevo Ministerio de Universidades, algo que no gustó a los rectores de las universidades españolas, que lo consideraron un «retroceso»,[45][46] ni al propio ministro de Universidades, Manuel Castells, que consideraba que ciencia y universidad tenían una «relación intrínseca y fundamental».[47] Tres años después, en noviembre de 2023, el presidente del Gobierno le devolvió las competencias universitarias, algo que agradeció las comunidades científica y académica.[48]
La Subdirección General de Fondos Europeos para la Investigación, la Innovación y el ámbito Universitario.
El Gabinete, órgano de apoyo político y técnico al ministro, con nivel orgánico de Dirección General.
Órganos asesores
La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, y otros altos cargos, junto a jóvenes investigadores en el marco del xiv Consejo de Política Científica, Tecnológica y de Innovación. Año 2023.
El Departamento recibe asesoramiento técnico a través los siguientes órganos:[49][50][3]
El Consejo de Política Científica, Tecnológica y de Innovación (CPCTI), establecido en 2012 para sustituir al Consejo General de la Ciencia y la Tecnología,[5] es el órgano de cooperación y coordinación entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas en el ámbito de la investigación científica y técnica.
El Consejo Asesor de Ciencia, Tecnología e Innovación (CACTI), constituido en 1986 y adscrito al CPCTI, es un órgano formado por la comunidad científica y tecnológica y por los agentes económicos y sociales para asesorar en los asuntos relacionados con la ciencia, la tecnología y la innovación.
El Comité Español de Ética de la Investigación (CEEI), fundado en 2023 y dependiente del anterior, asesora sobre materias relacionadas con la ética profesional en la investigación científica y técnica y con la integridad científica.
El Observatorio «Mujeres, Ciencia e Innovación» es, desde 2018, el órgano responsable de analizar y realizar el seguimiento y medición de los impactos sobre la situación de las mujeres en el ámbito de la investigación, el desarrollo y la innovación, fomentar la realización de políticas públicas y de actuaciones de igualdad de género, y promover la mejora de la situación de las mujeres en el Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación.
El Comité Polar Español (CPE), creado en 1998, es el órgano de asesoramiento y apoyo en el fomento y desarrollo de la I+D+i en las zonas polares, Antártida y Ártico, y en la coordinación de los medios necesarios para su desarrollo.
La Conferencia General de Política Universitaria se encarga desde 2007 de garantizar la cooperación y coordinación de la Administración General del Estado y de las comunidades autónomas en el ámbito de las políticas universitarias.[51]
El Consejo de Universidades, creado en 2001 bajo la denominación de «Consejo de Coordinación Universitaria»,[52] es el órgano de coordinación académica del sistema universitario español, así como de cooperación, consulta y propuesta en materia universitaria. Está formado por el Ministerio y los rectores de las universidades españolas.[51]
El Consejo de Estudiantes Universitario del Estado, constituido en 2011,[53] es el órgano de debate y consulta a través el cual los estudiantes universitarios participan en el diseño de las políticas universitarias.[51]
El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades es uno de los departamentos ministeriales del Gobierno de España que actualmente tienen establecida su sede central en el Complejo Cuzco de Madrid. En concreto, este ministerio se ubica en el número 162 del Paseo de la Castellana (Torre Cuzco), edificio que también acoge al Ministerio de Economía.
Edificio de oficinas conocido como «Los Cubos», inmueble que albergó, mediante alquiler, parte de los órganos científicos el Gobierno de España entre 2005/6 y 2015.
Durante los dos primeros años que existió este departamento (1979-1981), se ubicó en el número 150 de la calle de Serrano, en Madrid. Cuando se decidió instalar el departamento allí, el edificio estaba ocupado por el Instituto de Racionalización y Normalización (IRANOR), que lo tuvo que desalojar casi sin previo aviso.[55] El inmueble debía tener problemas de ventilación pues, en el verano de 1980, el personal sufría las incomodidades de trabajar debido a las altas temperaturas del verano madrileño.[56] Tras la supresión del departamento, continuó albergando dependencias de ámbito científico como la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación.[57]
La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), creada por Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de abril de 2001, es una entidad dependiente del Ministerio de Ciencia, con autonomía funcional. Su misión es prestar un servicio continuado y flexible al sistema español de ciencia-tecnología-sociedad, mediante la identificación de oportunidades y necesidades y la formulación de propuestas de actuación.[63]
Diana Morant, ministra de Ciencia, Innovación y Universidades de España.
Las competencias científicas y universitarias siempre han estado representadas en el Consejo de Ministros, sobre todo tras la creación del cargo de ministro de Educación en 1900, que dio un papel protagonista a estas políticas junto con las educativas y culturales. Este papel se vio acentuado en 1966 cuando, por primera vez, el ámbito de la ciencia entró en la nomenclatura de un departamento, en este momento «Educación y Ciencia».
Siendo Adolfo Suárez presidente del Gobierno, en 1979, estas competencias alcanzaron su punto álgido, pues creó la figura del ministro de Universidades e Investigación, considerado el origen de esta posición ministerial y del departamento en sí. No duró mucho, pues casi dos años después Calvo-Sotelo reagrupó estas responsabilidades en el Ministerio de Educación. Desde entonces, la posición ha sido reintroducida en otras tres ocasiones (2000-2004; 2008-2011; y desde 2018).
Siete han sido las personas que han ocupado esta cartera, cuatro hombres y tres mujeres. La biólogaCristina Garmendia ha sido la persona que más tiempo ha desempeñado el cargo, con 3 años y 252 días, mientras que el político Juan Costa, con 227 días, fue la persona con menor tiempo al frente del departamento. La actual ministra de Ciencia, Innovación y Universidades es, desde el 12 de julio de 2021, Diana Morant, que anteriormente fue regidora de la ciudad de Gandía entre 2015 y 2021.[64]
Para el ejercicio 2023, prorrogado para 2024, el Departamento de Ciencia, Innovación y Universidades tiene un presupuesto total consolidado de 8197 millones de euros.[2]
El MICIU participa en una veintena de programas presupuestarios, destacando el Programa 463B «Fomento y coordinación de la investigación científica y técnica». Este programa, dotado con 3016 millones de euros, es el principal financiador de las políticas científicas del Gobierno de España,[81] que se complementa con otros cuatro programas —463A, 465A, 467C, 467H— que, con un montante de 3148 millones, también financian la investigación científica.[2] Asimismo, el Departamento cuenta con casi 1800 millones en fondos europeos.
Evolución
Gasto consolidado del Ministerio de Ciencia desde el año 2002 Datos cada dos años, salvo el más reciente (en millones de euros)
Las cuentas del Ministerio, así como de sus organismos adscritos, son auditadas de forma interna por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), a través de una Intervención Delegada en el propio Departamento. De forma externa, es el Tribunal de Cuentas el responsable de auditar el gasto.
↑ abDíez Bueso, Laura (2013). «La gobernanza del sistema español de ciencia, tecnología e innovación». Revista de Bioética y Derecho (28): 20-32. ISSN1886-5887.|fechaacceso= requiere |url= (ayuda)
↑ ab«Según los cuatro rectores de Madrid: La desaparición del Ministerio de Universidades no es un drama». Ya (13280) (Toledo). 4 de marzo de 1981. p. 31.|fechaacceso= requiere |url= (ayuda)