Antes de la existencia de este departamento, fue el Ministerio de Asuntos Sociales el que se encargó de las competencias en relación con la protección del menor, que había heredado del Ministerio de Justicia en 1988[4] y que, en las etapas en las que no existió, fueron responsabilidad del Ministerio de Sanidad.
Para reforzar estas políticas de protección de los menores, cinco años después, en su tercer gobierno, el presidente del Gobierno creó el Ministerio de Juventud e Infancia.[6] Se trata de una escisión de las competencias que hasta entonces desempeñaba el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 en relación con la infancia y la juventud. Además de asumir el control del histórico Instituto de la Juventud, asumió las funciones del anterior alto comisionado, que se suprimía,[7][8] y se estructuró a través de una Secretaría de Estado de Juventud e Infancia y la Subsecretaría del Departamento.[9]
Estructura
El Ministerio de Juventud e Infancia, bajo la superior dirección de la ministra, desarrolla las funciones que legalmente le corresponden a través de los siguientes órganos:[2]
La Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia.
La Comisión Interministerial para la Juventud.
El Consejo Consultivo de Adopción Internacional.
El Consejo Estatal de Participación de la Infancia y de la Adolescencia.
El Observatorio de la Infancia.
El Registro Central de información sobre la violencia contra la infancia y la adolescencia.
Titulares
Desde la creación de este departamento ministerial en 2023, únicamente ha habido un titular, Sira Rego, eurodiputada entre 2019 y 2023 y miembro de Izquierda Unida.[3]
De acuerdo con los presupuestos del año 2023, prorrogados para el ejercicio 2024, el Departamento de Juventud e Infancia tiene un presupuesto total consolidado de 202,58 millones de euros.[1]
En su presupuesto ordinario, de unos 105 millones de euros, encontramos tres programas: Programa 232A «Promoción y servicios a la juventud», dotado con más de 54 millones, que financia el Instituto de la Juventud, el Programa 231G «Atención a la infancia y a las familias», con 41 millones, que financia las políticas de la Dirección General de Derechos de la Infancia y de la Adolescencia y el Programa 232N «Dirección y Servicios Generales de Juventud e Infancia», con casi 10 millones, destinado a sufragar los gastos ordinarios de funcionamiento del Ministerio.[1]
Al presupuesto ordinario hay que añadir 97 millones de euros de fondos europeos para sufragar el Programa de Competencias Digitales para la Infancia (CODI), un programa del Gobierno de España, impulsado por el extinto Alto Comisionado para la lucha contra la pobreza infantil, que promueve políticas de formación digital para menores en situaciones de vulnerabilidad.[10][1]
Auditoría
Las cuentas del Ministerio, así como de sus organismos adscritos, son auditadas de forma interna por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), a través de una Intervención Delegada en el propio Departamento. De forma externa, es el Tribunal de Cuentas el responsable de auditar el gasto.